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El 'costo argentino' sigue siendo el problema para el campo

Existen muchas inconsistencias entre el discurso del Gobierno y los hechos. El costo argentino sigue latente en el campo, impidiendo su desarrollo.

“El costo argentino no se baja solamente quitando los derechos de exportación”, dijo el Secretario de Producción, Juan Pazo, ante los reclamos de los cooperativistas contra los controvertidos impuestos a las ventas al exterior, en el reciente congreso internacional de Coninagro.

Semejante obviedad solo puede justificarse como una especie de “pase” (por no decir, “chicana”) para no comprometer una decisión que no parece estar en cartera todavía y que, según todo indica, tampoco está contemplada en el presupuesto 2025 que presentó el propio Presidente Javier Milei ayer domingo en el Congreso de la Nación.

Desde la lejana época del primer Domingo Cavallo, en los tempranos '90, a los empresarios en general, pero a los agroindustriales en particular, les quedó grabado a fuego el concepto de atacar el famoso “costo argentino”. En aquel momento, todo era referido a ese punto, a hacer más competitivos los productos argentinos en el mundo y, por lo tanto, desde las obras públicas, hasta la mayor eficiencia del Estado; desde los costos bancarios, hasta las comunicaciones; o desde los aranceles de importación, hasta la abrupta disminución en la cantidad de impuestos (entre ellos las retenciones que se eliminaron “totalmente” en marzo del '91 hasta la caída del Presidente Fernando de la Rúa, en diciembre de 2001), absolutamente todo era pasado por el filtro del “costo argentino”.

El tema es que ahora, si bien se removieron algunos escollos para exportar, y se eliminaron una docena de normas, todo ese tipo de medidas son apenas incipientes, y pesan poco en los balances de los privados, aunque constituyan señales positivas, y en la buena dirección. Pero son eso, solo señales.

Por el otro lado, las obras públicas están paradas; las retenciones se sacaron a la industria automotriz y a una media docena de productos del campo, pero el grueso agroindustrial está vigente, aún con seca, con caída internacional de los precios, etc. Pero también suben los costos de producción ya que es exponencial el aumento de los servicios (que era necesario actualizar); o siguen inusualmente altas las cargas sociales, lo que impide también contratar más gente, en especial para una pyme.

Por supuesto que no son las únicas inconsistencias entre el discurso y los hechos. El peaje de la Hidrovía, que sigue en manos del Gobierno Nacional (pues la licitación internacional que se debe hacer ya superó los dos años de demora), fue aumentado en un 60% (en dólares). Tampoco salen la normativa para poder importar la vacuna contra la aftosa como se comprometió oficialmente en marzo pasado, y en pocas semanas habrá que volver a afrontar, probablemente, cerca de U$S 2 por cada cabeza vacunada vs los apenas U$S 0,50 (o menos) que costaría la importada.

Hay mil ejemplos, como el puerto de Quequén, cuya licitación tampoco se cumple y el plazo vence en noviembre. ¿Cuál es la importancia? Se trata, nada menos, que de uno de los dos únicos puertos granarios de aguas profundas que tiene el país…Todo esto también “costo argentino”. Los productores lo saben. Igual que lo que les cuesta la falta de caminos, los impuestos encubiertos que aplican algunos municipios sin que nadie controle; la falta de conectividad; telefonía, etc, etc, etc.

Se supone que el Secretario de Coordinación de la Producción, Juan Pazo, también lo sabe (a pesar de que su actividad privada fue como abogado, y también CEO de un grupo textil del que participa su esposa como socia), pero no explica nada de todo esto. Y, es cierto que hace poco tiempo comenzó a incursionar en la ganadería, constituyéndose en el principal a accionista de un fondo fiduciario que maneja este tipo de inversiones (aunque su objeto societario es mucho más amplio y abarca casi todas las actividades administrativas, comerciales, y productivas del sector agroindustrial, incluyendo la exportación), pero aún así parece no querer referirse a los evidentes cuellos de botella que enfrenta la actividad.

El campo en jaque

Es cierto que la brecha, el cepo, y otra serie de cuestiones cambiarias son, tal vez, más dañinas que las propias retenciones. Igual pasaba con la inflación y, aunque es cierto que hubo una marcada desaceleración de este indicador que destruye los márgenes de cualquier actividad, hay que reconocer que todavía se ubica por encima del 4% mensual (que es “bajo” para Argentina, pero altísimo para casi todo el resto del mundo). Y esto se debe, en gran medida, a los aumentos que se siguen produciendo en servicios públicos, combustibles, o sector financiero financiero, que estaban retrasados, y era necesario sincerar.

Pero, así como se debe considerar la situación de los sectores socialmente más vulnerables; también es necesario atender a las condiciones de la producción que, en el caso de la agroindustrial, por su propia naturaleza y características, es de mediano-largo plazo, y ahora enfrenta un “jaque” perfecto: el aumento de los costos internos, la baja de muchos de los precios internacionales, y la caída del consumo interno que todavía mantiene su tendencia declinante en muchos productos de primera necesidad como los alimentos. Por supuesto que tampoco se pueden olvidar las malas condiciones climáticas que se dan hace tres campañas, y que tampoco en la actual están resultando todo lo adecuada que se necesitan.

Ante esto, y aún con toda la comprensión del mundo, el reclamo de medidas concretas, de impacto “estructural” inmediato, se hace manifiesto. “Con todo respeto se lo decimos (al Gobierno), ¡no hay tiempo¡”, planteó días atrás el titular de Coninagro, Elbio Laucirica, durante el congreso internacional de la entidad, y tras haber enumerado entre los principales factores negativos para la producción, a la alta carga fiscal (nacional, provincial y municipal).

De ahí que lo que surge del análisis, tras más de 9 meses de gestión, es que es clara la decisión del imprescindible ajuste y recorte de gastos que viene impulsando el Gobierno, pero, por el momento, el mayor costo del mismo lo sigue soportando el sector privado que, en el caso de la agroindustria, es a costa de la desaparición de productores y de seguir perdiendo competitividad para salir a los mercados internacionales.

Y ante esto, oficialmente, y al menos hasta ahora, las retenciones no van a bajar, pero por lo que se ve, el “costo argentino” tampoco…

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