El Gobierno extiende la baja de retenciones al trigo y cebada hasta marzo de 2026

En un nuevo paso dentro de su estrategia económica, el Ministerio de Economía de la Nación anunció este lunes la extensión de la reducción temporal de retenciones para las exportaciones de trigo y cebada hasta el 31 de marzo de 2026. La medida, originalmente prevista para finalizar el 30 de junio, fue implementada a fines de enero como parte de un paquete de incentivos para el sector agroexportador. Ahora, su prórroga cubrirá también la nueva campaña fina, cuya siembra está comenzando en varias regiones del país.

El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de su cuenta en la red social X, en donde aclaró que la decisión no incluye a otros cultivos como soja, maíz, girasol ni sorgo, ni a sus subproductos. Para esos granos, los derechos de exportación volverán a los niveles vigentes en enero a partir del mes de julio, revirtiendo así la baja temporal aplicada en el primer semestre del año.

“Se trata de una medida clave para sostener la competitividad de nuestras exportaciones en un contexto desafiante y con precios internacionales volátiles”, indicaron desde el Palacio de Hacienda en un comunicado. Las exportaciones de trigo, cebada y sus derivados generan alrededor de USD 4.000 millones anuales, lo que representa cerca del 5% del total exportado por Argentina.

Hasta el 30 de junio, las alícuotas se habían reducido de manera significativa. El trigo y la cebada pasaron de tributar un 12% a un 9,5%, mientras que la soja en grano bajó del 33% al 26%, y sus derivados del 31% al 24,5%. El maíz y el sorgo también se beneficiaron con una rebaja, al igual que el girasol, que pasó del 7% al 5,5%.

Sin embargo, a partir de julio, estos beneficios temporales se desactivarán para todos los cultivos salvo el trigo y la cebada, que mantendrán la alícuota reducida hasta marzo del próximo año. El decreto 38/2025 establece además que los exportadores que deseen acceder a estas ventajas deben liquidar el 95% de las divisas obtenidas por estas operaciones, en un plazo máximo de 15 días corridos, en lugar de los 30 habituales.

Retenciones: repercusiones y contexto político

La extensión de la baja de retenciones fue bien recibida por las entidades del campo, aunque no tardaron en aparecer nuevos reclamos. “Celebramos la decisión del Ministerio de Economía de extender la baja de retenciones. Es el camino correcto. Consideramos que sería deseable que hagan lo mismo con los granos de la cosecha gruesa -soja y maíz- que tienen alto impacto en la producción y exportación en la Argentina”, expresaron en un comunicado conjunto la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara) y el Centro Exportador de Cereales (CEC).

La decisión se enmarca en la tercera fase del programa económico impulsado por el gobierno de Javier Milei, que incluyó la salida del cepo cambiario, la eliminación del impuesto PAIS y la implementación de un régimen de flotación administrada del dólar. “Bajamos 13 impuestos, el más significativo fue el impuesto inflacionario que fueron 15 puntos del PBI. También sacamos el impuesto PAIS”, destacó Milei en una reciente entrevista radial. En la misma, advirtió que “las retenciones vuelven en julio” para la mayoría de los cultivos, por lo que instó al campo a liquidar exportaciones antes de esa fecha.

En paralelo, el gobierno ya había avanzado con la eliminación permanente de las retenciones para una serie de productos de economías regionales, como el azúcar, algodón, cuero bovino, tabaco, arroz y productos de la foresto industria. Estas actividades generaron exportaciones por más de 1.100 millones de dólares en 2024. El costo fiscal de la medida fue estimado en 800 millones de dólares, pero el oficialismo lo considera una apuesta estratégica para dinamizar las economías del interior.

La nueva prórroga para el trigo y la cebada se inscribe en esta lógica, apuntando a sostener el ingreso de divisas en un período clave y a mantener la competitividad del agro. No obstante, desde el sector productivo se insiste en la necesidad de avanzar hacia una eliminación total de los derechos de exportación para todos los cultivos, en línea con las promesas de campaña del actual presidente.

La extensión de este beneficio hasta marzo de 2026 brinda un horizonte de mayor previsibilidad para los productores de la cosecha fina, pero también plantea interrogantes sobre la sostenibilidad fiscal del esquema y su aplicación a otros sectores clave del agro argentino.