El Gobierno impulsa una reforma laboral y cambios en el trabajo agrario

Tras el triunfo electoral, el Ejecutivo busca consolidar su modelo económico con una ley de Promoción de Inversiones y Empleo. Incluye cambios en la normativa laboral y modificaciones al régimen del trabajo agrario.

Luego del contundente resultado obtenido en las elecciones legislativas del último domingo, el Gobierno nacional se prepara para aprovechar el nuevo escenario político y avanzar con su agenda económica. En las próximas horas, enviará al Congreso el proyecto de Ley de Promoción de Inversiones y Empleo, una de las iniciativas consideradas clave para “institucionalizar” el modelo que impulsa la Casa Rosada.

Según fuentes oficiales, el texto busca fomentar la creación de empleo registrado, promover nuevas inversiones y adaptar la legislación laboral “a las exigencias del mercado actual”. En los fundamentos, el proyecto destaca que pretende “modificar, actualizar y mejorar las condiciones que regulan la relación entre empleador y empleado”, al tiempo que introduce incentivos como bonos de crédito fiscal y mecanismos de empalme entre programas sociales y empleo formal.

Cambios en la Ley de Trabajo Agrario

Uno de los aspectos más sensibles de la iniciativa es la reforma parcial de la Ley de Trabajo Agrario (N° 26.727). El proyecto propone una nueva redacción del artículo 3°, que define las exclusiones del régimen. Si bien las modificaciones son principalmente de forma, se eliminan algunas referencias antiguas y se incorpora la mención expresa a la ley 26.844, que regula el trabajo en casas particulares.

De esta manera, quedarán fuera del régimen agrario, entre otros, el personal administrativo, los empleados estatales, los trabajadores de servicios no agrarios y quienes se dediquen a la cosecha o empaque de frutas, los cuales continuarán bajo el amparo de la Ley de Contrato de Trabajo (N° 20.744).

Reforma con impacto: nueva redacción del artículo 12

Más profunda resulta la modificación al artículo 12 de la Ley de Trabajo Agrario, que regula la contratación, subcontratación y cesión de servicios. El texto propuesto acorta significativamente la redacción vigente y limita la responsabilidad solidaria de las empresas usuarias y de los propietarios rurales.

Mientras que la ley actual establece una responsabilidad solidaria amplia para quienes contraten o subcontraten tareas agrarias, el nuevo artículo restringe ese alcance, indicando que la empresa usuaria solo será responsable “respecto de las obligaciones devengadas durante el tiempo de efectiva prestación”. Además, excluye de toda responsabilidad a los propietarios que arrienden tierras que no constituyan explotaciones productivas.

Reacciones y próximos pasos

Desde el oficialismo aseguran que el proyecto no implica una pérdida de derechos, sino una actualización “necesaria para dinamizar el empleo y dar previsibilidad a las inversiones”. Sin embargo, distintos sectores sindicales y opositores ya anticipan un fuerte debate en el Congreso, advirtiendo que los cambios podrían debilitar la protección laboral en el sector agrario.

El Ejecutivo prevé ingresar la iniciativa en la Cámara de Diputados antes del fin de semana, con la expectativa de que sea tratada antes del recambio legislativo del 10 de diciembre.

Fuente: Infocampo con aportes de Redacción +P.