INTA: El plan es desafectar casi 34.000 has y reducir experimentales a la mitad
El gobierno busca avanzar en la transformación estructural del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria ( image ) enfrenta una transformación profunda impulsada por el gobierno de Javier Milei. Tras un año marcado por despidos, protestas gremiales y medidas judiciales que frenaron cambios previos, las autoridades buscan ahora el aval del Consejo Directivo para desafectar 33.836 hectáreas consideradas en desuso. Este proceso no implica venta inmediata, pero abre la puerta a la disposición de bienes por parte de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).
El argumento oficial destaca ineficiencias acumuladas y una mala administración de recursos públicos. Una auditoría identificó aproximadamente 42.000 hectáreas sin destino experimental ni productivo. De este total, las 33.836 hectáreas ya cumplen condiciones dominiales para su desafectación, tras análisis conjunto con la AABE. Además, se instruye continuar relevando bienes innecesarios.
Nicolás Bronzovich, presidente del INTA, y Carlos Alberto Vera, vicepresidente, lideran esta iniciativa. El plan incluye reuniones clave con el Consejo Directivo y un encuentro con la Mesa de Enlace.
Detalle de las tierras a desafectar
Las 33.836 hectáreas se distribuyen en siete establecimientos principales, más un octavo en estudio. El predio más extenso corresponde al Campo Río Mayo en Chubut (EEA Chubut), con 9850 hectáreas sobre la ruta nacional 40.
En La Rioja, la EEA Chamical aporta 8402 hectáreas en Los Cerrillos, sobre ruta nacional 79, aptas para explotación ganadera. Santiago del Estero contribuye con 7476 hectáreas en Ing. Agr. Francisco Cantos (Estación Experimental de Santiago del Estero), con canales de riego y potencial para horticultura y ganadería.
Otras superficies incluyen 3440 hectáreas en Campo Gral. Obligado, Chaco (EEA Colonia Benítez); 2413 hectáreas en Reserva Forestal Loma del Medio, Río Negro (EEA Bariloche), con extracción maderera y turismo; 2240 hectáreas en Campo Manuel Belgrano, Misiones (EEA Montecarlo), sobre ruta nacional 101; y 15 hectáreas en General Pico, La Pampa (EEA Anguil Covas).
Adicionalmente, el Campo Rufino Mir en Buenos Aires (EEA Pergamino) suma 162 hectáreas, pero permanece en estudio por discrepancias registrales.
Racionalización de estaciones experimentales
El plan contempla una evaluación drástica de las Estaciones Experimentales Agropecuarias (EEA), actualmente 52 en el país. La propuesta establece mantener una por cada una de las 23 provincias, con flexibilidad para dos en casos justificados por particularidades productivas o ambientales. El objetivo apunta a alrededor de 23 estaciones.
El Consejo Directivo definirá las sedes operativas y perfiles productivos. Un caso resuelto es la derogación de la Estación Experimental AMBA, aprobada por Acta N° 600. Esta reestructuración se basa en la Ley 13.254 para un sistema eficiente y alineado estratégicamente.
Costos operativos y estructura territorial
El documento resalta gastos fijos en 293 Agencias de Extensión Rural, incluyendo alquiler del 12% de ellas. El 65% opera con menos de cuatro personas, y el 18% como oficinas unipersonales.
Esta racionalización busca adecuar la organización a necesidades reales de investigación e innovación, eliminando superposiciones y rigideces.
Implicancias para el sector agropecuario
La iniciativa genera debate en el agro. Mientras el Ejecutivo defiende eficiencia y reducción de costos, sectores gremiales y productivos alertan sobre pérdida de capacidad investigativa. Las tierras desafectadas representan patrimonio clave para experimentación a largo plazo.
El proceso avanza con participación de la Mesa de Enlace, aunque persisten objeciones. La AABE administrará los bienes, pudiendo disponerlos eventualmente. Este ajuste se enmarca en una visión de Estado más austero, pero cuestionada por su impacto en la innovación tecnológica agropecuaria.
El INTA, con más de 70 años de trayectoria, enfrenta un punto de inflexión. La decisión final del Consejo Directivo marcará el rumbo para 2026, en un contexto de tensión entre modernización y preservación de capacidades estatales esenciales.
Fuente: Agencias, La Nación y aportes de +P
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