Neuquén: La zona frutícola que perdió 1.347 hectáreas y el riego está sin financiamiento

Por mayoría absoluta, los chacareros de Centenario y Vista Alegre resolvieron no pedir subsidios al Estado provincial para mantener su “autonomía”. Aumentaron 60% el canon de riego.

Arrinconados por las deudas, en una asamblea de productores que se hizo en el consorcio de riego de Centenario, se resolvió aumentar en un 60% el valor del canon mensual para hacer frente al déficit mensual de 3.900.000 pesos. Uno de los causantes de esta situación, es que en los últimos años se fueron cayendo varios “clientes”, a partir del abandono de las chacras por parte de sus propietarios para convertirlos en loteos.

De las 3.350 hectáreas originales que estaban empadronadas, “680 se perdieron con los loteos que autorizó (el ex intendente Javier) Bertoldi”, aseguró Fernando Almohalla, presidente de la entidad. A eso se suma que, del remanente de 2.670 hectáreas, “el 25% (667 hectáreas), está en condición de incobrables”, debido a que salieron del ciclo productivo para ser destinadas a urbanizaciones. De este modo, en todo el ámbito del consorcio, que abarca también las chacras de Vista Alegre, se perdió el 36% de las tierras productivas: 1.347 hectáreas.

“Expresamos nuestro más enérgico apoyo a la preservación de las tierras productivas", aseguran los productores.

No es esta la única consecuencia del avance de la ciudad sobre las zonas productivas, sino que hay otros efectos que pueden ser aún más grave, “porque el agua de riego en un sector viene contaminada”, manifestó el dirigente.

Los protocolos sanitarios para producir fruta de exportación son muy exigentes (incluso no se pueden tener perros), “y con las usurpaciones que hay, sobre todo en un canal de 5 kilómetros que hay en Vista Alegre, te encontrás que han hecho pozos ciegos, crían chanchos, tiran desperdicios”, al curso de agua.

“No sé qué va a pasar con las certificaciones”, indicó Almohalla, quien aclaró que el poder de policía lo debería ejercer algún organismo dependiente del gobierno provincial. Pero no hay expectativas, porque de los últimos robos que sufrieron en el consorcio (del cual se llevaron herramientas y computadoras), “no hemos tenido ninguna novedad”.

El "blindaje" del riego

La asamblea, que se realizó el jueves pasado, duró casi 3 horas, y entre las posturas sobre los mecanismos a implementar para afrontar el déficit, hubo una moción de “gestionar un subsidio provincial como alternativa para poder mantener el sistema, a lo cual se le responde que no, porque queremos ser independientes en la administración del mismo”, se resume en un documento difundido a la prensa.

Se resaltó que “tras el intercambio de opiniones, se procede a la votación, resultando: 81 a favor de aumentar el canon”, que pasará a tener un costo mensual de 10.000 pesos.

De 3.350 hectáreas originales, 1.347 se perdieron por loteos y urbanizaciones, dejando un remanente con 667 hectáreas incobrables.

“No podemos depender de la ayuda pública para poder cubrir nuestros gastos”, advirtió el dirigente, quien reivindicó como una meta de la dirigente “fortalecer la autonomía”, de la institución. “La idea con este aumento un poco es hacer un blindaje”; acotó.

No por nada en el documento, que forman todos los asistentes a la asamblea, se aclaró que el consorcio “no permitirá ser utilizado con fines políticos ni por personas o entidades que no cuenten con su aval oficial”.

"Con todo rigor"

La otra decisión es avanzar “con todo el rigor”, contra ese 24% de dueños de chacras que hace año que no pagan, para ejecutarlos por vía judicial.

“Se procederá con suma rigurosidad a la aplicación del Reglamento de Riego, así como de las sanciones que el mismo establece, para quienes incurran en infracciones tales como: derrames de agua a la vía pública, inundación de predios vecinos, falta de limpieza y mantenimiento de los canales y desagües bajo su responsabilidad, o deficiencias en el estado de conservación de las obras que son de su obligación”, se adelantó.

Para cubrir un déficit mensual de 3.900.000 pesos, el canon pasa a 10.000 pesos, con 81 votos a favor en la asamblea.

Por lo pronto, “el robo de agua fuera del tumo establecido o autorizado por el tornero, así como la mora en el pago del canon de riego, serán considerados incumplimientos graves”.

“Al que no pague, se le hará juicio”, sostuvo Almohalla, dando así por finalizada la etapa de la espera y la negociación con los morosos.

Los números

Según los números que se mostraron en la asamblea, el consorcio tiene ingresos por 11.173.000 de pesos, y gastos por 14.975.000, lo que arroja un rojo mensual cercano a los 3.900.000 pesos. Pero esos números resultan de computar los gastos corrientes básicos, como personal, seguros, servicios y combustible.

A eso se debería sumar un fondo para afrontar el resto de las erogaciones, como las que demandan la reparación y mantenimiento de vehículos, maquinarias y herramientas, reparaciones y mantenimiento de canales y otras obras (como puentes y sifones), elementos de librería, honorarios profesionales de la contadora y la indumentaria del personal.

A pesar de todo, el 75% de los chacareros activos cumplen con su obligación de pagar el agua para riego, pero la incobrabilidad del 25% representa “una cifra muy cercana al déficit”.

Usurpaciones generan pozos ciegos, chanchos y desperdicios en canales, amenazando certificaciones sanitarias de frutas.

En defensa de las chacras

La asamblea del consorcio sirvió además para que se presentaran los integrantes de la “Red de Agroturismo del río a la barda de Centenario y Vista Alegre”, quienes sumaron su voz contra el avance de las urbanizaciones sobre la tierra sistematizada.

“Expresamos nuestro más enérgico apoyo a la preservación de las tierras productivas y condenamos el avance de intereses inmobiliarios, los que amenaza con destruir nuestro patrimonio natural agrícola y un sistema de riego”, expresaron.

Agregaron que “es fundamental reconocer el valor de estas tierras no solo como recurso económico, sino también como parte de nuestra identidad cultural y ambiental”, y por ese motivo hicieron un llamado a las autoridades municipales y provinciales “a tomar medidas efectivas para proteger estas tierras y garantizar que se respeten los derechos de los productores y las comunidades locales. Sin perder de vista que estamos hablando de un circuito productivo, que fue el que género y genera empleo en todo el valle y que fue motor en su momento de la pujanza del alto valle de Neuquén y Río Negro”.

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