Escándalo en Chile: Informe confirma aportes de Noruega para frenar la salmonicultura en el sur
Un reportaje televisivo de Chile reveló financiamiento a comunidades que pueden bloquear proyectos de salmón, en medio de una disputa millonaria.
El tradicional presentador y periodista de Chile, Amaro Gómez Pablos, presentó en la Televisión Nacional de Chile un informe de 17 minutos de duración titulado “Socios en el negocio, rivales en las sombras”, donde se desmenuza la feroz competencia entre ambos países por liderar el negocio mundial de los salmones criados en jaulas marinas, una actividad que en el vecino país representa ingresos por USD 6.500 millones y entre 35.000 y 50.000 puestos de trabajo.
Y no solo eso: cuando la cría de salmones estaba en su apogeo y amenazaba el liderazgo de Noruega, en el año 2007 apareció en los jaulones el virus ISA, o piojo del salmón, que diezmó la producción. El virus tiene su origen en Noruega y llegó desde ese país, según el veterinario y biólogo marino Marcos Godoy: “Es un hecho y lo tenemos publicado”, declaró a @TVN.
El punto medular de la investigación es cuando Amaro Gómez advierte que una ONG de Noruega financia a las comunidades mapuche-lafkenche, “facultadas para detener cualquier proyecto salmonero en Chile”, y da paso a un breve intercambio con Beate Torensen, directora para América Latina de Norwegian People’s Aid (NPA), quien administra un presupuesto de casi 90 millones de dólares anuales, de los cuales el 82% provienen del Estado noruego.
Confirmó que hicieron aportes por 500.000 dólares y sostuvo que fue “una casualidad” haber apoyado a Identidad Territorial Lafkenche (ITL): “Se trata de una ley aprobada en Chile y nosotros no la sugerimos ni promovimos, sino que fue una iniciativa del pueblo lafkenche”.
Sin embargo, esa comunidad ya en el año 2009 blanqueó en sus órganos oficiales de difusión que “cuenta con aportes económicos de Ayuda Popular Noruega, recursos que permiten el arriendo de una casa en la ciudad de Temuco, el financiamiento de funciones de secretaría y un presupuesto de gastos básicos para los desplazamientos de algunos de sus dirigentes”.
NPA, en su reporte anual de 2014, confirmó que habían estado apoyando a organizaciones sociales en Chile desde 1985, aunque sobre ITL señalaron que “Identidad Territorial Lafkenche, que representa y organiza a indígenas del pueblo mapuche-lafkenche a lo largo de un borde costero de más de 1.000 km en el sur de Chile, ha sido nuestro único socio (en Chile) desde 2012. Ellos están luchando por sus derechos ancestrales de usar el mar y el borde costero para salvaguardar sus modos de vida, su cultura y sus tradiciones espirituales”, según difundió el medio www.ellibero.cl.
La Ley Lafkenche y la disputa territorial
En las últimas horas se han sumado varias voces de peso al debate, como la del expresidente Eduardo Frei, los referentes de las cámaras empresarias, y se reflotaron declaraciones del actual presidente José Antonio Kast: “Tenemos la ley Lafkenche, que impide el desarrollo portuario, el desarrollo de astilleros, el desarrollo de industrias salmoneras y de otras industrias pesqueras; pone en conflicto la pesca artesanal con comunidades que antes no existían. Eso es por la mala interpretación, el mal uso de una ley”.
Uno de los testimonios más críticos fue el del exsenador Guido Girardi, expresidente del Partido por la Democracia (PPD), un partido político chileno de centroizquierda: “Es un lobby absolutamente inaceptable, porque es una intromisión indebida en función de obtener un beneficio comercial para ellos”.
La “Ley Lafkenche” nació por impulso de las comunidades mapuches-lafkenche, “que solicitaban el reconocimiento y protección de sus derechos territoriales sobre el borde costero”. La misma ley estipula que, una vez hecho el reclamo, se puede destinar un Espacio Costero Marítimo de los Pueblos Originarios (ECMPO) para preservar usos y costumbres indígenas, el cual es entregado por un tiempo indefinido en administración a una comunidad o a una asociación de comunidades indígenas, según un informe de la Cámara de Diputados.
El problema para la industria pesquera y la acuicultura es que, si presentan un proyecto de desarrollo y una comunidad reclama un espacio costero, se paraliza toda concesión. Se estima que existen unas 80 presentaciones y la resolución puede demandar hasta seis años.
Frente a las 300.000 hectáreas de mar que ocupa toda la industria local del salmón, las organizaciones de pueblos originarios tienen demandas efectuadas sobre más de tres millones de hectáreas. Hay solicitudes que datan desde 2010 y se pudo establecer que, desde la publicación de la norma en 2008, 41 peticiones han sido aprobadas sobre un total de 108 que se verificaban en 2025.
"Sin un peso del Estado"
En la presentación de un plan de expansión al 2025, el expresidente Frei destacó que la industria salmonera surgió de la mano tanto de “los empresarios, los trabajadores, las instituciones” de las mismas regiones donde opera, todo “sin un peso del Estado”, y cuestionó a la Ley Lafkenche: “Yo no sé para qué le vamos a entregar 3 millones de hectáreas a 10 familias, por muy respetables que sean. Lo que necesitamos hoy día es duplicar las exportaciones de salmones y esta ley lo está impidiendo”.
El lonko Daniel Caniullán, uno de los líderes que defiende los derechos de los pueblos originarios sobre casi 1.000 kilómetros de litoral costero en el sur de Chile, dejó al descubierto una paradoja al ser entrevistado por la TV.
Ocurre que, además, existe una suerte de “especulación inmobiliaria”, por la cual grandes empresas solicitan los permisos para instalar sus jaulas y mantienen esos espacios inactivos durante años.
Caniullán cuestionó al Estado nacional por permitir que Mowi Chile, filial de la empresa noruega líder mundial en producción de salmón, que opera centros de cultivo en la Región de Aysén, no pierda los permisos sobre zonas de mar que mantiene inactivas desde hace 10 años, cuando a las comunidades, en dos años sin actividad, les quitan los derechos.
El líder mapuche se mostró a favor de una “sana convivencia” entre la industria y los pescadores costeros (él mismo es buzo marisquero), pero sostuvo que, para que ello ocurra, debe haber una intervención del Estado en su rol de árbitro.
Fuente: Televisión Nacional de Chile con aportes de Redacción +P.
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