El eslabón perdido del desarrollo argentino: el sector privado

El desarrollo de una Nación no puede entenderse sin un sector privado fuerte, dinámico e innovador. Las estadísticas muestran que, a lo largo de la historia moderna, los países que lograron un desarrollo sostenido fueron aquellos que supieron fomentar la iniciativa privada, fortalecer sus instituciones, garantizar reglas de juego estables y reducir al mínimo las trabas burocráticas e impositivas que obstaculizan la producción.

En este marco, el gobierno de Javier Milei se ha propuesto reposicionar al Estado no como protagonista del crecimiento económico, sino como facilitador del mismo, eliminando regulaciones, intervenciones distorsivas e ineficiencias que, por décadas, afectaron la competitividad de las empresas argentinas. El objetivo está claro, pero los resultados cuestan en emerger.

A cargo de esa misión está el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien ha iniciado un proceso de revisión normativa con el objetivo de quitarle peso a un aparato estatal que, según su visión, es una traba más que una herramienta para el progreso. La dirección: darle aire al sector privado para que pueda expandirse, invertir y crear empleo genuino. Sin embargo, el diagnóstico sobre el estado actual del entramado empresarial argentino revela que no basta con la voluntad gubernamental ni con la buena disposición de los empresarios. Hay factores estructurales profundos que deben abordarse de forma urgente, coordinada y sostenida.

Un reciente informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) expone con crudeza el retroceso del sector privado formal argentino, una tendencia que se arrastra desde 2010. Según el documento, este debilitamiento tiene consecuencias directas sobre la capacidad del país para generar empleo de calidad, integrarse a los mercados internacionales y sostener el crecimiento económico en el largo plazo. Y es que cuando las empresas se debilitan, también lo hacen la innovación, la inversión y la productividad: pilares fundamentales de cualquier economía moderna.

Los desafíos son múltiples y complejos. La inversión privada, por ejemplo, apenas alcanzó el 16% del PBI en 2023, un nivel insuficiente para sostener una transformación productiva significativa. El número de empresas, especialmente las exportadoras, ha disminuido, al igual que las exportaciones de bienes no primarios. El emprendedurismo, lejos de fortalecerse, ha mostrado signos de estancamiento, mientras que el empleo formal privado se redujo en más de un 9% desde 2011. Todo ello en un contexto de baja innovación, escasa transformación digital, y una complejidad económica que sigue siendo limitada.

Trabas para el desarrollo

El informe del BID identifica con claridad los factores detrás de este deterioro: inestabilidad macroeconómica, volatilidad de políticas y precios relativos, deficiencias en infraestructura física y digital, regulación e impuestos distorsivos, escasa integración a mercados financieros y comerciales globales, y brechas significativas de capital humano. Es decir, un ecosistema profundamente desfavorable para la creación, expansión y sostenimiento de empresas productivas.

Uno de los puntos más sensibles es la competitividad. En el índice 2024 del Centro Global de Competitividad del Instituto Internacional de Gestión para el Desarrollo, Argentina ocupó el penúltimo lugar entre 67 países evaluados. Esta posición refleja un contexto donde la intervención estatal, lejos de ser eficiente, ha contribuido a distorsionar los incentivos económicos. En 2022, Argentina registró la mayor carga impositiva sobre el comercio exterior en toda América Latina y el Caribe. Además, en 2021 fue el país con la mayor tasa de retenciones a las exportaciones del mundo, junto con Kazajistán.

La escasez de crédito al sector privado también representa un obstáculo crítico. Entre 1991 y 2023, el crédito al sector no financiero promedió apenas el 15,2% del PBI, muy por debajo de los países de la OCDE (83%) y con una baja aún mayor en 2023 (11,9%). Esta escasa disponibilidad de financiamiento limita las posibilidades de inversión y crecimiento empresarial, especialmente para las pymes, que representan más del 90% del entramado productivo nacional.

El atraso tecnológico es otro factor que pesa con fuerza. Solo el 3% de las empresas manufactureras en Argentina adoptan tecnologías de producción inteligente de cuarta generación. Esta cifra muestra un rezago preocupante en términos de modernización productiva y evidencia que la transformación digital es, todavía, una promesa lejana para gran parte del sector productivo nacional. En el Índice Global de Innovación elaborado por la WIPO, Argentina se ubica en la posición 69 entre 132 países, y en el octavo lugar a nivel regional, lejos de los líderes en América Latina.

IA industrias

Hoy solo el 3% de las empresas manufactureras en Argentina presentan tecnologías de producción inteligente de cuarta generación.

Uno de los mayores reclamos del empresariado argentino es la carga impositiva y regulatoria. Según la World Enterprise Survey, los impuestos y las regulaciones laborales son las principales restricciones para operar en el país. Los costos para abrir y mantener un negocio son más altos que los promedios regionales y globales. Esta situación desincentiva la formalización y desalienta la inversión a largo plazo, afectando la competitividad y reduciendo la capacidad del país para insertarse en cadenas globales de valor.

La inserción internacional, de hecho, ha retrocedido significativamente. Las exportaciones argentinas representan apenas el 0,3% del total mundial, la mitad de lo que representaban hace medio siglo. La participación en acuerdos de libre comercio es escasa: solo uno (Mercosur), frente a los 14 o más de otros países con características similares. En 2018, solo el 27% de las exportaciones argentinas estaban vinculadas a cadenas globales de valor, muy por debajo del promedio sudamericano (37%).

El transporte y la logística también configuran un obstáculo mayúsculo. Los elevados costos logísticos, los tiempos de espera en aduanas y la infraestructura deficiente encarecen las exportaciones y debilitan la competitividad. El 75% de los corredores viales principales se encuentran en estado deteriorado, lo que incrementa los costos de operación. Solo el 3% de las cargas se transporta por vías fluviales o marítimas, desaprovechando un recurso estratégico clave.

Propuestas del BID

Frente a este panorama, el BID propone una agenda ambiciosa: reformas regulatorias, modernización institucional, fortalecimiento del sector energético y minero, mejora de tarifas y subsidios en el sistema eléctrico, desarrollo logístico y transformación productiva en sectores estratégicos. Estos lineamientos apuntan a atacar de raíz los problemas estructurales que frenan al sector privado argentino.

Sin embargo, el éxito de esta agenda dependerá de su implementación efectiva, del consenso político y social que se logre construir, y de la capacidad del Estado para sostener reglas claras, estables y previsibles. También requerirá inversiones en capital humano, innovación tecnológica y mejora de la infraestructura, componentes fundamentales para que las empresas puedan competir en el escenario global.

Hoy más que nunca, Argentina necesita un sector privado vigoroso, con capacidad de generar riqueza, empleo y bienestar. Para ello, es imprescindible quitarle peso al Estado donde sobra, pero también reforzarlo donde hace falta. El futuro del país depende de que se genere un nuevo contrato entre lo público y lo privado, donde el Estado facilite y las empresas lideren.

En esa alianza virtuosa reside la esperanza de una Argentina que, finalmente, logre poner en marcha todo su potencial. Una Argentina donde invertir no sea un acto de fe, sino una decisión racional. Una Argentina donde crecer no sea una excepción, sino la norma.