Amparo judicial contra la reforma del vino: ¿Se pierde trazabilidad e Indicación Geográfica?

Este es uno de los últimos capítulos de la batalla por el futuro del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), que entró en terreno judicial. De hecho, por estos días se supo que la mayoría de las cámaras, cooperativas, productores primarios y gobiernos provinciales de Mendoza y San Juan presentarán una acción de amparo colectivo ante la Justicia Federal para suspender la entrada en vigencia de la Resolución 37/2025, publicada el 7 de noviembre de 2025 y que deroga 973 normas históricas del sector.

Si todo marcha como el gobierno nacional espera que marche, a partir del 1 de enero de 2026, el INV –organismo con sede en Mendoza y 420 empleados– dejará de fiscalizar las etapas iniciales e intermedias de la cadena productiva (cosecha, transporte, elaboración y fraccionamiento). Según el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, “lo que creemos es que no hay que regular con la idea de que los productores no son honestos, porque el 99,9% de la gente que forma parte de esta industria tan representativa de Argentina y que ha conseguido un lugar relevante en el mundo, es de gente que está acá para armar una industria exitosa”.

De acuerdo a la reforma, el nuevo rol del INV se limitará exclusivamente al control del producto final embotellado mediante muestreos y análisis de laboratorio.

Entre los trámites que desaparecen figuran:

• 140.000 permisos de tránsito anuales emitidos en 2024
• Declaración Jurada semanal de elaboración
• Certificado de Ingreso de Uva (CIU) obligatorio (pasa a ser optativo)
• Certificaciones obligatorias de origen, añada y varietal para mercado interno
• Aproximadamente 5.000 inspecciones presenciales anuales en bodegas

Sturzenegger celebró la medida como una “modernización histórica” que reduce un 80% la normativa vigente y alinea a Argentina con países como Chile y Estados Unidos, donde el Estado solo controla el producto terminado.

Bandera de alerta

A pesar del entusiasmo oficial, una buena parte del sector vitivinícola considera que se está poniendo en riesgo la trazabilidad y la Indicación Geográfica (IG), pilares de la reputación que permitieron al vino argentino alcanzar exportaciones por más de 800 millones de dólares anuales.

José Zuccardi, referente histórico y presidente de Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), advirtió: “Están desregulando el vino como si fuera acero o tráfico fluvial. El vino es un producto vivo, con origen geográfico determinante. Esta desregulación indiscriminada amenaza décadas de construcción institucional y puede derivar en pérdida de identidad y hasta informalización”.

El camino a los tribunales

La presentación judicial –que se espera para los próximos días– contará con el respaldo de: Asociación de Cooperativas Vitivinícolas (ACOVI), Federación de Cooperativas (Fecovita), Centro de Viñateros y Bodegueros del Este, y la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de San Juan. Por ahora, solo Bodegas de Argentina -la cámara que agrupa a las grandes exportadoras- apoya sin reservas la reforma.

¿Qué puede pasar? Los demandantes pedirán una medida cautelar que suspenda la resolución hasta tanto se resuelva el fondo de la cuestión. De prosperar, la cosecha 2026 se realizaría bajo el régimen anterior. De rechazarse, el 1 de enero entrará en vigor el esquema de control mínimo, con certificaciones voluntarias y declaraciones juradas digitales como única garantía de origen.

Mientras tanto, el sector cierra filas en una consigna común: Sin trazabilidad no hay Indicación Geográfica. Sin Indicación Geográfica no hay vino argentino premium.

La Justicia Federal de Mendoza será, por primera vez en décadas, el árbitro definitivo del modelo productivo que definirá el futuro de una industria que representa identidad, empleo y divisas para el país.