CRA advirtió al gobierno: "Cualquier cambio sanitario debe tener consenso técnico"

En el marco de la Expo Rural de Villaguay (Entre Ríos), que abrió el calendario 2026 de exposiciones rurales del país, el vicepresidente 1° de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), José Colombatto, eligió abrir su discurso con un tema de fuerte impacto en la Patagonia: la sanidad animal (y la barrera sanitaria). El dirigente reclamó que cualquier modificación en las estrategias sanitarias del país esté respaldada por evidencia científica y consenso técnico, y no se resuelva por la vía administrativa sin acuerdo con el sector.

El planteo llega en un momento en que el estatus sanitario patagónico viene de atravesar más de un año de litigio. En junio de 2025, el Senasa dictó la Resolución 460/2025, que flexibilizó la histórica barrera sanitaria y habilitó el ingreso de carne con hueso —como el asado de costilla y la falda— desde zonas con vacunación contra la fiebre aftosa hacia la Patagonia, reconocida internacionalmente como zona libre de la enfermedad sin vacunación.

La medida generó rechazo inmediato de entidades rurales patagónicas: la Justicia Federal de Tierra del Fuego la suspendió en septiembre de 2025 a pedido de la Asociación Rural local, y meses después el juzgado federal de Río Gallegos llegó a declararla nula para Santa Cruz, al considerar que el Senasa no había acreditado un beneficio concreto que justificara asumir el riesgo de reintroducción de la aftosa.

El trámite judicial recién se cerró en abril de este año, cuando la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia revirtió esos fallos y avaló la autoridad técnica del organismo sanitario, dejando firme la resolución.

Menos vacunas

A eso se suma otro frente abierto: en septiembre de 2025 el Gobierno había anunciado que, a partir de la segunda campaña de vacunación de 2026 —hoy vigente—, se dejaría de vacunar (al norte del río Colorado), contra la aftosa a vaquillonas, novillos, novillitos y toritos, limitando la dosis a terneros y terneras. Aunque el dirigente no mencionó explícitamente ninguna de las dos medidas por su nombre, el anuncio de los cambios en la segunda campaña de vacunación sobrevoló entre los presentes.

"El estatus sanitario alcanzado por la Argentina costó muchos años de trabajo y no admite improvisaciones. Cualquier cambio en las estrategias sanitarias debe sustentarse en evidencia científica y consenso técnico, porque de ello dependen la credibilidad del sistema y el acceso a los mercados internacionales", sostuvo el vicepresidente de CRA.

El dirigente también puso el foco en la sarna bovina, cuyo avance —dijo— obliga a redoblar la responsabilidad de toda la cadena, y planteó que el uso responsable de antibióticos ya es una exigencia de los mercados internacionales y una garantía de calidad e inocuidad alimentaria.

Respaldo al IPCVA

Colombatto ratificó además el respaldo de CRA al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), al que calificó como una herramienta estratégica para posicionar la carne argentina en el mundo, abrir mercados, generar información y sostener una política público-privada con resultados concretos para la cadena.

Este instituto —creado por la Ley 25.507 en 2001, tras la crisis de aftosa del gobierno de Fernando de la Rúa— vuelve a estar en la mira del Gobierno porque el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que conduce Federico Sturzenegger elaboró un anteproyecto, aún no enviado al Congreso, que reemplaza el aporte obligatorio que hoy pagan productores y frigoríficos por cada animal faenado, por un esquema de contribuciones voluntarias, complementado con donaciones, legados e ingresos por servicios.

El borrador fija el cese de los aportes obligatorios a partir del 1° de octubre de 2027 e instruye al Senasa y a la Secretaría de Agricultura a dejar de recaudarlos. El organismo, que en lo que va de 2026 recaudó más de $8.000 millones, no recibe fondos del Tesoro: se sostiene exclusivamente con esos aportes privados.

El proyecto generó un rechazo conjunto y poco habitual de todo el arco sectorial: junto a CRA lo firmaron la Sociedad Rural Argentina, Coninagro, la Federación Agraria Argentina y las principales cámaras frigoríficas (ABC, Cadif, Ciccra, Fifra y Unica), que advirtieron que un esquema voluntario derivaría en una caída de recursos que pondría en riesgo las campañas de promoción y la apertura de mercados externos. El caso del IPCVA no es aislado: en mayo pasado el mismo ministerio ya había eliminado los aportes obligatorios que bodegas y productores pagaban a la Coviar desde 2004, calificándolos de "aberración".

El eje económico

Colombatto reconoció avances en la estabilidad macroeconómica, pero insistió en que las retenciones siguen siendo uno de los principales obstáculos para el crecimiento del agro y reclamó su eliminación definitiva.

También pidió profundizar la inversión en infraestructura —caminos rurales, energía, conectividad, puertos, ferrocarriles y logística— y ampliar el acceso al financiamiento para incorporar tecnología y sostener inversiones de largo plazo.

Repasó además el trabajo institucional de CRA en el país, con una representación que —dijo— es hoy más federal y más cercana al productor, y subrayó el diálogo que la confederación mantiene con los distintos niveles de gobierno, sin resignar la defensa de los intereses del sector cuando la situación lo requiere.

Cerró con un llamado a la previsibilidad: "Los productores argentinos han demostrado una y otra vez que saben enfrentar las dificultades. Lo único que necesitan es previsibilidad, reglas claras y un Estado que acompañe en lugar de poner obstáculos. Porque cuando al campo le va bien, ganan los pueblos del interior, las economías regionales, el empleo y toda la Argentina".

FUENTE: Redacción +P